Durante mucho tiempo en el ámbito empresarial, era frecuente escuchar el término: "Trabajador de Confianza", para referirse a aquellas personas o trabajadores que por sus funciones e información, tenían la capacidad de representar al empleador ante terceros, efectuar negociaciones e inclusive tomar decisiones de alto nivel. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT), se deja atrás dicha denominación y se incorpora en el texto legal a los TRABAJADORES DE DIRECCIÓN.
Según el artículo No. 37 de la LOTTT, se entiende por trabajador o trabajadora de dirección el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones en la entidad de trabajo, así como el que tiene carácter de representante del patrono o patrona frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlos en todo o en parte de sus funciones.
Son muchos los excesos que suelen observarse al calificar un cargo o un trabajador como de DIRECCIÓN, pues interviene más la parte subjetiva que el criterio real que exige el puesto de trabajo. Por consecuente, se recomienda hacer un estudio y análisis profundo de la Arquitectura del Negocio, comprender las necesidades de la Organización y diseñar una Estructura (Organigrama), con su respectivo Manual de Descripciones de Cargo, el cual es un instrumento de apoyo, que sirve de orientación para el desempeño y actuación de los trabajadores, en dicho manual se especifícan todos los cargos de la organización, su importancia, objetivos generales y específicos, actividades, tareas y funciones, así como también los niveles de relación del cargo con los procesos productivos.
Sobre este tema, el artículo 39 de la LOTTT señala que la calificación de un cargo como de Dirección o de Inspección, dependerá de la naturaleza real de las labores que ejecuta, independientemente de la denominación que haya sido convenida por las partes.
Para culminar este artículo, comparto con ustedes esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), referente a la calificación del cargo de: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO como trabajador de dirección.
El
Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, adjunto al oficio
Nº 1674/2015 del 9 de marzo de 2015, y recibido el 25 de ese mismo mes y año,
remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido, reenganche
y pago de salarios caídos, interpuesta por el ciudadano JUAN CARLOS ARZOLA
MONSALVE, titular de cédula de identidad N° 13.155.554, asistido por el abogado
Ramón Alexander López Peña, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 102.701,
contra la sociedad mercantil INTERAMERICANA DE CABLES DE VENEZUELA, S.A.
(CABEL), inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 34, Tomo 369-A Sgdo.,
de fecha 23 de julio de 1996.
La remisión se efectuó en virtud de la consulta
prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber
declarado el Tribunal remitente, en sentencia del 27 de febrero de 2015, la
falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública,
por considerar que corresponde a la Inspectoría del Trabajo respectiva conocer
el presente caso.
El 26 de marzo de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó
ponente a la Magistrada BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO, a los fines de
decidir la consulta de jurisdicción.
Realizado el estudio de las actas que conforman el
expediente, pasa esta Sala a dictar decisión, previas las siguientes
consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito consignado el 24 de octubre de 2014, ante la
Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito
Judicial del Trabajo del Estado Carabobo, el ciudadano JUAN CARLOS ARZOLA
MONSALVE, asistido por el abogado Ramón Alexander López Peña, antes
identificados, interpuso solicitud de calificación de despido, reenganche y
pago de salarios caídos. Fundamentando sus peticiones en los siguientes
términos:
Indicó que el 28 de octubre de 2013, comenzó a prestar
sus servicios personales para la empresa demandada en el cargo de “SUPERVISOR
DE MANTENIMIENTO”.
Manifestó que devengaba un salario mensual de diecinueve
mil novecientos treinta bolívares sin céntimos (Bs. 19.930,00), hasta el
20 de octubre de 2014, oportunidad en la cual fue despedido.
En virtud de lo anterior, indicó que fue despedido de
manera injustificada, por la Gerencia de Recursos Humanos, a lo cual alegó que
“gozaba de estabilidad laboral, en virtud de que mi la relación laboral había
iniciado bajo contrato a tiempo determinado, y vencido el mismo continué
laborando para la empresa pero ya a tiempo indeterminado, (…) ésta que
hace que me ampare la estabilidad laboral, consagrada en la L.O.T.T.T”.
(sic) (mayúsculas del escrito).
Fundamentó dicha solicitud en “el artículo 187 y
siguiente de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo” (sic).
El 27 de octubre de 2014, el Juzgado Segundo de
Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al cual correspondió el
conocimiento del asunto previa distribución, dió entrada y ordenó la revisión
del expediente, a los fines de su admisibilidad.
En fecha 28 de octubre de 2014, el Tribunal antes
mencionado, libró Despacho Saneador, para que la parte demandante subsanara el
libelo de demanda.
Por diligencia del 4 de diciembre de 2014, el
accionante le confirió poder apud acta a la abogada Gladys Quintana
Cordero, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 121.789, asimismo consignó escrito
de reforma de demanda.
Por auto de fecha 9 de diciembre de 2014, se admitió
la demanda.
Por escrito presentado el 25 de febrero de 2015, el abogado
Javier Giordanelli, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 67.331, actuando con
el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil demandada “opuso
la Falta de Jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública”.
Por sentencia de fecha 27 de febrero de 2015, el
Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró la
falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública,
por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva, en virtud de encontrarse
el accionante presuntamente protegido por el “Decreto Presidencial número
639 emanado del Ejecutivo Nacional, de fecha 03 de diciembre del 2013, vigente
para la fecha en que se verificó el despido, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 40.130”.
Por auto del 9 de marzo de 2015, el referido Juzgado,
ordenó remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, a los fines de la consulta obligatoria, de conformidad con
lo establecido en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil.
II
MOTIVACIONES
PARA DECIDIR
Con fundamento en lo establecido en el
artículo 23 numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, el artículo 26 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia y, en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento
Civil, corresponde a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, conocer las consultas de jurisdicción.
Se observa de la revisión de las actas procesales (folios 38 al 42 del expediente), la decisión de fecha 27 de febrero de
2015, mediante la cual, el Juzgado remitente declaró la falta de jurisdicción
del Poder Judicial frente a la Administración Pública por Órgano de la
Inspectoría del Trabajo, para conocer y decidir la solicitud de calificación
de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por el trabajador
por encontrarse presuntamente amparado por el Decreto de inamovilidad laboral
N° 639 del 3 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.310 de fecha 6 de diciembre de 2013.
Cabe precisar que en el mencionado Decreto
Presidencial, vigente para el momento del despido (20 de octubre
de 2014), el Ejecutivo Nacional estableció la
inamovilidad laboral especial a favor de las trabajadoras y los trabajadores
del sector público y del sector privado protegidos (as) por la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
En el referido Decreto el
trabajador y la trabajadora protegidos (as) por la inamovilidad no puede ser
despedidos (as), trasladados (as), ni desmejorados (as), a menos que exista una
causa justificada debidamente comprobada por el (la) Inspector (a) del Trabajo,
de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 422 de la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Advierte esta Sala que en el
artículo 5 del Decreto Presidencial N° 639 del 3 de diciembre de 2013, se precisó, que gozarán de protección de inamovilidad laboral
independientemente del salario que devenguen: a) Las trabajadoras y los
trabajadores a tiempo indeterminado a partir de un (1) mes al servicio de una
patrona o patrono; b) Las trabajadoras y los trabajadores contratados
por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el
contrato; y c) Las trabajadoras y los trabajadores contratados para una
labor u obra determinada mientras no haya concluido la totalidad o parte de su
obligación.
Quedan exceptuados de la
aplicación del referido Decreto, las trabajadoras y los trabajadores que
ejerzan cargo de dirección, de temporada u ocasionales.
Por otra parte se observa que la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras suprimió la
categorización de trabajador o trabajadora de confianza.
De lo anterior esta Sala evidencia
que la parte accionante, en su solicitud de calificación de despido,
reenganche y pago de salarios caídos, alegó: 1) que
comenzó a prestar sus servicios personales para la sociedad mercantil INTERAMERICANA
DE CABLES DE VENEZUELA, S.A. (CABEL), en fecha 28 de octubre
de 2013, y que fue despedido el 20 de octubre de 2014, acumulando
más de un (1) mes de antigüedad, previsto en el mencionado Decreto
Presidencial N° 639 del 3 de diciembre de 2013. 2) en cuanto el segundo requisito, referido a que si el trabajador
ocupaba un cargo de dirección, se advierte que el solicitante alegó que se
desempeñaba como “SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO”, e indicó las funciones
inherentes a su cargo, siendo éstas: “realizar solicitudes de repuestos y
herramientas para suministrárselo a los mecánicos y éstos pudieran cumplir con
sus tareas de manera adecuada, velar por las mejoras en métodos de reparaciones
en equipos de planta por parte del personal mecánico, manejo de
sobretiempos, vacaciones y permisos y todo concerniente con los mecánicos de
mantenimiento preventivo, manejo de proveedores, planificación de trabajos
en planta, estudiar mejoras para equipos de planta, detección y análisis de
fallas, seguimiento a tareas realizadas, evaluación de los mecánicos y
solicitudes de adiestramiento y detección del mismo, solicitudes de inclusión a
stock de repuestos nuevos y evaluación de cantidad de stock en almacén,
recepción de necesidades que corresponden a mantenimiento de otros
departamentos” (resaltado de la Sala).
Con relación a este punto, resulta necesario referir
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras, el cual establece:
“Trabajador o
Trabajadora de Dirección
Artículo 37. Se
entiende por trabajador o trabajadora de dirección el que interviene en la
toma de decisiones u orientaciones en la entidad de trabajo, así como el que
tiene el carácter de representante del patrono o patrona frente a otros
trabajadores, trabajadoras y terceros, y puede sustituirlo o sustituirla en
todo o en parte, en sus funciones” (destacado de la Sala).
En este sentido, en el presente caso, el trabajador
indicó cuáles eran sus funciones específicas (ver folio 12 del expediente), por
lo que esta Sala presume que dicho trabajador ejercía un cargo considerado como
de dirección y por cuanto de las actuaciones que conforman el expediente no se
aportan más datos en cuanto a la relación laboral existente entre él y la parte
accionada, se concluye que tenía atribuidas funciones de dirección las
cuales realizaba para la empresa demandada.
En consecuencia, considera este Órgano Jurisdiccional
que el prenombrado ciudadano Juan Carlos Arzola Monsalve, no se encuentra
amparado por la inamovilidad laboral especial prevista en el indicado Decreto N°
639 de fecha 3 de diciembre de 2013, y en virtud de ello se impone declarar que
el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de
calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos a que se contrae
el presente caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 89 de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y 29 ordinal 2°
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En virtud de lo anterior, se revoca la
decisión consultada. Así se decide.
III
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados,
esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara: el PODER JUDICIAL TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la
solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos
interpuesta por el ciudadano JUAN CARLOS ARZOLA MONSALVE contra la
sociedad mercantil INTERAMERICANA DE CABLES DE VENEZUELA, S.A. (CABEL).
En consecuencia,
se REVOCA, la sentencia consultada del 27 de febrero de 2015, dictada
por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Reflexionar sobre el papel del hombre y la mujer en las organizaciones, fue el eje central de la conferencia: HOMBRES Vs. MUJERES EN LA GERENCIA, la cual combinó un toque de humor y profesionalismo que resultó una mezcla perfecta para todos los presentes. Esta conferencia fue desarrollada, en el marco del Acto de Juramentación de nuevos agremiados del Colegio de Licenciados en Administración del Estado Carabobo (CLADEC), evento que se llevó a cabo el pasado sábado 29 de agosto de 2015, en las instalaciones del Auditorio de la Cámara de Comercio de Valencia. 
