Hoy más que nunca, la empresa venezolana necesita de un estudio de
campo realizado por expertos en el área del Derecho del Trabajo que le
otorgue indicadores de cumplimiento de la normativa socio-laboral
nacional.
Los departamentos, gerencias o direcciones de Recursos Humanos ya no
son autosuficientes. En menos de 9 años el ordenamiento jurídico
venezolano ha sido objeto de al menos una docena de cambios en materia
de relaciones de trabajo. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA)
del 2003, la Ley Orgánica de Prevención y Medio Ambiente del Trabajo
(LOPCYMAT) del 2005 y la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y
Trabajadoras (LOTTT) del 2012, son solo tres textos normativos de alto
impacto en los costos de las empresas.
A éstas, hay agregarles los innumerables decretos de inamovilidad,
ajustes de salario mínimo y leyes conexas, que de manera directa o
indirecta afectan lo propio; normativas que regulan la protección de
familias, maternidad y paternidad, la igualdad de género, la
discapacidad, entre otras, logran un compendio legal que el mismo
Tribunal Supremo de Justicia interpreta a través de sus reiteradas
sentencias, cada vez de manera distinta y que, por ende, tiene ser
manejada con guantes y bisturí por profesionales preparados para tal
fin.
Ya las firmas de abogados reconocidas no solo invierten en la
formación de sus profesionales con postgrados y cursos nacionales o
extranjeros, para prepararlos a litigar, mediar o negociar; ahora
auditan el cumplimiento de las normas que regulan las relaciones
patrono-trabajador y patrono-Estado.
La auditoría laboral no es más que un estudio de campo donde se
realiza la revisión, examen y evaluación de la ejecución de la normativa
socio-laboral vigente por parte del departamento, gerencia o dirección
encargada del recurso humano en la empresa, con el propósito de informar
sobre ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes
para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño, a través de la
presentación de un informe confidencial cuya conclusión sería el valor
monetario que en multas, pudiese pagar una empresa al Estado o que en
demandas y reclamos, deba pagar la lepresa al trabajador.
Para colocar al lector más en contexto: cuando un órgano
gubernamental (Inspectoría del Trabajo, por ejemplo) realiza una
inspección en una entidad de trabajo, se chequea el “cumplimiento” de 92
ítems. Un Manual de Procedimiento de Auditoría Laboral integral estaría
compuesto por al menos 850 ítems.
La diferencia de casi el 1000% radica en que una auditoría laboral va
más allá de una inspección y valora factores que no son solo de mandato
legal, más si son de ostensible recomendación para blindar a la empresa
ante una acción legal. Estos 850 ítems deben abarcar 1. Deberes
formales en general y cumplimiento con órganos administrativos
gubernamentales; 2. Cumplimiento de las obligaciones laborales
individuales y sus respectivas previsiones y; 3. Deberes relativos a
seguridad y salud laboral en la empresa.
Un simple ejemplo de un ítem chequeado por incumplimiento de la
normativa es la señalización de una salida de emergencia que puede
conllevar a una multa de hasta 100 unidades tributarias por cada
trabajador de la empresa. Por el contrario, un ejemplo de un ítem
chequeado por recomendación es la rúbrica de cada trabajador en sus
tarjetas de marcado de ingreso; ya que de nada sirve marcar una tarjeta
si ésta no está firmada.
Así pues, toda empresa que tenga como norte la palabra “prevención”
ante reclamos, demandas e inspecciones gubernamentales, debe mejorar sus
procesos a través de una auditoría laboral, para chequear aspectos que
van desde sus cálculos y provisiones en materia de pasivos laborales,
sus documentales (actas, contratos y recibos), inserción a su nómina de
trabajadores con discapacidad y aprendices, hasta la debida
implementación de un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Una vez diagnosticados los incumplimientos o inconformidades, más
fácil es implementar un cronograma de trabajo a nivel de consultorías, a
los efectos de blindar progresivamente los espacios abiertos.
La experiencia nos ha dicho que la empresa nacional auditada,
sobrepasa el 50% de incumplimiento o inconformidades, solo por
desconocimiento; aumentando el monto por multas, demandas y reclamos,
dependiendo del número de trabajadores que posea.
FUENTE: Diario El Carabobeño.
